Usted probablemente está todavía digiriendo lo consumido durante los festejos navideños. Si le preocupa el haber aumentado de peso, puede estar tranquilo. En México, ser discriminado por obeso podría implicar una violación a sus derechos humanos.
El exceso de peso es una de las causas más comunes de retiro forzoso en el Ejército mexicano. Sin embargo, según un Tribunal Colegiado federal, la legislación de las Fuerzas Armadas que contempla la baja forzosa de militares con cierto grado de obesidad es inconstitucional, al violar los derechos humanos, en particular la no discriminación por motivos de salud. En el amparo que le concedió la justicia a un miembro de las Fuerzas Armadas, separado de las mismas por una obesidad moderada, la justicia federal determinó que el Ejército debe apoyar al soldado a superar su exceso de peso y mientras tanto transferirlo a funciones que no requieran estar en perfecto estado físico. Dice la sentencia: “…el Estado Mexicano tiene la obligación de combatir las prácticas discriminatorias aun sobre la consecución de los objetivos de sus políticas públicas…”. Para poder despedirlo deberá antes hacer un esfuerzo claro para disminuir su obesidad y mostrar que no es apto para hacer su trabajo.
La sentencia es muy importante para el Ejército, dado que se le complica mucho despedir personal con sobrepeso y un Ejército de obesos pondría en riesgo la seguridad nacional. Según datos de la OCDE, México es el segundo de todos los países miembros con mayor proporción de obesos, después de Estados Unidos, con 32.4% de la población en esa situación. Chile, en el lugar 5, tiene 25.1% de obesos y Japón, que es el país con menor proporción de obesos, sólo 4.1 por ciento de la población total.
Las reformas constitucionales del año 2011 en materia de derechos humanos obligan a atender cualquier caso de discriminación. En un país donde la discriminación es un problema cotidiano es deseable una protección de la justicia como mecanismo para generar un piso más parejo y equitativo entre los mexicanos. La prevalencia de la discriminación en México es una de las razones de la brutal violencia de muchos de nuestros criminales. Éstos, cuando están apuntando a un sujeto que normalmente los discriminaría, tienen una enorme tentación para causarles daños graves. Esta es una de las razones por la cuales es importante tener mecanismos judiciales para combatirla.
Sin embargo, no son temas fáciles. ¿Es la obesidad responsabilidad sólo del individuo? Si lo fuera, ¿estaríamos hablando de que se viola un derecho humano si el Ejército despide a un obeso?
Un primer problema es que no se sabe bien en qué proporción la obesidad obedece a cuestiones genéticas y qué tanto le corresponde a los hábitos y modo de vida del individuo. Sin embargo, esto último debe ser muy significativo, dado que la obesidad ha aumentado en forma alarmante en las últimas décadas y los genes de los mexicanos siguen siendo los mismos. Ahora bien, ¿este modo de vida es impuesto por la sociedad al individuo o éste tiene en sus manos el poder optar por costumbres que lo hagan menos propenso a la obesidad?
Sólo si aceptamos que la obesidad no es responsabilidad del individuo se puede considerar el despido de un trabajador donde se requiere que éste tenga una buena condición física como un acto discriminatorio. Puesto de otra forma, ¿podría un flojo al que despiden de su trabajo alegar que está siendo discriminado por una condición sicológica fuera de su control? Solemos considerar que es responsabilidad del flojo ser así y por ello nos parecería insólito que la justicia federal obligara a un empleador a apoyar con terapia a un trabajador flojo y transferirlo a tareas donde no importe que sea perezoso.
Ahora bien, supongamos que quedara claro que la obesidad no es responsabilidad individual. Sabemos que un porcentaje alto de la población mexicana va a sufrir de sobrepeso. ¿Cómo conciliar el derecho humano a no ser discriminado con la necesidad de tener un Ejército con el personal con el peso adecuado?
Hay otros casos donde estamos enfrentando este tipo de dilemas. Existen enfermedades congénitas muy poco comunes, cuyos medicamentos son muy caros porque no hay suficientes pacientes como para que la medicina tenga la adecuada escala de producción. La justicia federal ha determinado que las instituciones de salud pública deben suministrar esos medicamentos, sin importar su precio, a aquellos ciudadanos que obtengan un amparo. Éste muchas veces es tramitado por el laboratorio que produce los medicamentos. ¿Esto significa que el sistema de salud debe utilizar el dinero de medicinas más baratas que ayudan a miles de mexicanos, pero que no se han amparado, para financiar las medicinas caras de quienes sí lo han conseguido?
El Poder Judicial estará enfrentando una creciente carga de amparos como resultado de la nueva legislación en materia de derechos humanos. Cuidar el sentido de sus sentencias es crucial para no acabar con una política pública donde un amparo importe más que un análisis costo-beneficio de cómo gastar los recursos. Hay ejemplos de poderes judiciales en el mundo, desde Sudáfrica hasta Colombia, que han ido avanzando en sentencias que buscan proteger los derechos humanos sin descuidar las implicaciones de política pública de sus decisiones.
*Profesor investigador del CIDE
elizondoms@yahoo.com.mx
Twitter: @carloselizondom
Artículo publicado en Excelsior
Lic. en Derecho con Maestría en C.S. con especialidad en análisis y evaluación de políticas públicas. Cuatro veces ganador del Premio anual de Estudiante Distinguido otorgado por la Universidad de Sonora.
Blog de Christian Cruz 