Blog de Christian Cruz

Rispa, la lucha por la dignidad de una sepultura digna

La historia de Rispá, relatada en el Segundo Libro de Samuel, es un poderoso testimonio de amor, resistencia y dignidad frente a la muerte. Tras la ejecución de sus hijos y otros descendientes de Saúl, esta madre se negó a dejarlos en el abandono, protegiendo sus cuerpos día y noche de los buitres y las fieras. Su dolorosa vigilia conmovió al rey David, quien, al presenciar su lucha, decidió dar a los fallecidos un entierro digno junto a sus ancestros. Este relato milenario resalta un principio fundamental: la dignidad de los muertos es inseparable del derecho de los vivos a despedirse de ellos con respeto y justicia.

En la actualidad, este derecho adquiere una dimensión aún más urgente en el contexto de la desaparición forzada, una de las violaciones de derechos humanos más graves y persistentes. Cuando una persona es desaparecida, su familia no solo sufre la incertidumbre de su paradero, sino también la angustia de no poder honrar su memoria en caso de fallecimiento. Por ello, el derecho a la búsqueda efectiva y el derecho a un entierro digno emergen como garantías esenciales para la verdad, la justicia y la reparación.

El Derecho a la Búsqueda y a un Entierro Digno en Casos de Desaparición Forzada: Una Lucha Por la Verdad y la Justicia

La desaparición forzada es una violación múltiple y continua de derechos humanos que persiste hasta que se conoce el paradero de la persona desaparecida o se identifican sus restos. Esta terrible práctica no solo arrebata la libertad y pone en peligro la integridad y la vida de la víctima, sino que también inflija un sufrimiento inmenso a sus familiares, quienes viven en una constante incertidumbre. En este contexto, emergen con fuerza dos derechos fundamentales: el derecho a la búsqueda efectiva de la persona desaparecida y el derecho a un entierro digno en caso de su fallecimiento.

El Derecho a la Búsqueda: Una Obligación Estatal Ineludible

Desde el momento en que ocurre una desaparición forzada, el Estado asume una obligación ineludible de actuar con la debida diligencia para buscar y localizar a la persona desaparecida. Este deber se fundamenta en la naturaleza continua de la desaparición forzada y en la necesidad de garantizar los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación de investigar en casos de desaparición forzada se ve reforzada por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Esta obligación persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos[i].

Algunos aspectos cruciales del derecho a la búsqueda incluyen:

• Investigación inmediata y exhaustiva: Ante una denuncia de desaparición forzada, las autoridades deben iniciar de manera inmediata y exhaustiva una investigación seria, imparcial y efectiva. La falta de una investigación diligente y efectiva vulnera el derecho al acceso a la justicia. En el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, se evidenció una falta de respuesta y coordinación inmediata en los primeros momentos de la desaparición[ii].
• Recursos judiciales eficaces: Es fundamental que existan recursos judiciales rápidos y eficaces, como el hábeas corpus o sistemas similares, que permitan a los familiares u otras personas allegadas determinar el paradero de la víctima o su estado de salud[iii]. La demanda de amparo, por ejemplo, debe activar una búsqueda inmediata. Sin embargo, en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, la demanda de amparo presentada por José Ángel Alvarado Fabela no activó una búsqueda inmediata.
• Marco normativo adecuado: Los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que tipifique la desaparición forzada como un delito autónomo en sus legislaciones internas. Esta tipificación debe considerar los estándares internacionales, como los definidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
• Debida diligencia en la investigación: La investigación no debe ser una simple formalidad, sino que debe emprenderse con seriedad y asumida por el Estado como un deber jurídico propio. Esto implica la utilización de todos los medios disponibles para la búsqueda, incluyendo la valoración de prueba circunstancial, indicios y presunciones[iv]. En el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, se alegó que la falta de investigación de los hechos como desaparición forzada impactó la misma, afectando la diligencia e inmediatez requerida en estos casos[v].
• Participación de los familiares: Los familiares de la persona desaparecida tienen el derecho a participar en el proceso de búsqueda e investigación y a conocer la verdad de lo sucedido[vi]. La ausencia de recursos efectivos para la búsqueda genera sufrimiento y angustia adicionales a los familiares. En el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, los familiares se reunieron con los comandantes de la Quinta Región Militar y del 35 Batallón y promovieron una queja ante la CNDH.
• Registro único y actualizado: Es necesario que los Estados creen un registro único y actualizado de personas desaparecidas que permita generar datos estadísticos desagregados y determinar claramente los casos de desaparición forzada. La perita Gabriella Citroni manifestó que la determinación de la cifra precisa de personas desaparecidas en México ha sido un reto y que los intentos de establecer un registro único han tenido demoras y deficiencias. La diversidad de cifras referidas en el Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México evidencia la necesidad de sistematizar los datos de personas desaparecidas.

El Derecho a un Entierro Digno: Respeto a los Muertos y Consuelo para los Vivos

En el doloroso escenario donde la búsqueda culmina con el hallazgo de los restos de la persona desaparecida, surge el derecho de los familiares a recibir esos restos y darles un entierro digno, de acuerdo con sus creencias y tradiciones. Este derecho se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, incluso después de la muerte, y en la necesidad de brindar consuelo y cierre a los familiares que han sufrido la angustia de la desaparición. En el Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, la Corte ordenó al Estado realizar una búsqueda rigurosa y sistemática para determinar el paradero de las víctimas y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar sus restos a los familiares.

Algunos aspectos relevantes del derecho a un entierro digno son:

• Derecho a conocer el destino y el paradero de los restos: Los familiares tienen el derecho inalienable a conocer el destino de su ser querido y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. El ocultamiento del cadáver por parte de los perpetradores busca borrar toda huella del crimen y procurar su impunidad, lo cual constituye una grave afrenta a la dignidad humana y al derecho a la verdad.
• Respeto a las prácticas culturales y religiosas: El derecho a un entierro digno implica que los restos deben ser entregados a los familiares para que puedan llevar a cabo las prácticas funerarias de acuerdo con sus costumbres culturales y religiosas. Negar esta posibilidad causa un profundo impacto emocional y cultural en los familiares y en la comunidad a la que pertenecía la víctima.
• Identificación forense adecuada: Es obligación del Estado realizar las investigaciones forenses necesarias para identificar plenamente los restos de la persona desaparecida y entregarlos a sus familiares con la mayor prontitud posible y con pleno respeto a su dignidad. En el Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, se realizaron peritajes propuestos por las representantes y el Estado como parte de la investigación.
• Reparación simbólica: Permitir un entierro digno constituye una forma de reparación simbólica para los familiares, al ofrecerles un espacio para el duelo y para honrar la memoria de su ser querido.

Conclusión

El derecho a la búsqueda en casos de desaparición forzada y el derecho a un entierro digno son pilares fundamentales en la lucha contra esta grave violación de derechos humanos. La búsqueda efectiva es una obligación estatal continua hasta que se localiza a la víctima, mientras que el derecho a un entierro digno reconoce la importancia del respeto a los muertos y el consuelo para los vivos. Ambos derechos son esenciales para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en casos de desaparición forzada, y su plena efectividad es un imperativo para la construcción de sociedades más justas y respetuosas de la dignidad humana. La sentencia del Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México es un ejemplo de cómo la justicia internacional busca garantizar estos derechos.

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[i] «Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018)-.pdf», párr. 300.

[ii] «Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018)», párr. 222

[iii] «Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018)”, párr. 553

[iv] «Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018), párr. 48  párr. 167; «Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000)-«, párr. 200

[v] «Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018)», párr. 220

[vi] «Caso Radilla Pacheco vs. México (2009)», párr. 228

Los estragos causados por el huracán «Otis» representan uno de los peores desastres naturales que México ha enfrentado. Según estimaciones de expertos, los daños incluyen la afectación de más de 580,000 personas damnificadas, más de 7,170 hectáreas de construcción dañadas y casi 900 kilómetros de carreteras afectadas. En términos económicos, Fitch Ratings ha declarado que se requerirán más de 16,000 millones de dólares para restablecer la normalidad.

Lamentablemente, la respuesta gubernamental ha sido percibida como tardía, y no se ha delineado un plan claro de reconstrucción para la ciudad. Esto, más allá de las declaraciones de los funcionarios de distintos niveles de gobierno, responde principalmente a fallos en la política pública, tanto en su arquitectura institucional como en sus planes de acción.

Para comprender mejor la situación, es necesario retroceder al año 2000 cuando se promulgó la Ley General de Protección Civil, sentando las bases para una política pública de protección civil en México y adoptando un enfoque preventivo en lugar de reactivo. Sin embargo, una evaluación de los primeros 15 años de implementación de este sistema, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, identificó debilidades en la política pública, como la desactualización del Atlas Nacional de Riesgo, una deficiente cobertura en infraestructura y monitoreo, una escasa vinculación internacional para el intercambio de información y una falta de integración efectiva entre los distintos componentes del sistema, en particular la previsión.

El impacto devastador del huracán «Otis» en Acapulco se explica por varios factores. En primer lugar, existe un Atlas de Riesgos desactualizado, emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en 2021, que no consideraba la posibilidad de huracanes de categoría 4 y 5. Además, no hubo un monitoreo ni una reacción oportuna respecto a la evolución de «Otis» que advirtiera a la población. Tampoco se estableció una vinculación internacional efectiva con centros meteorológicos, como los de Estados Unidos, que habían alertado sobre la evolución y la peligrosidad del fenómeno natural al menos 12 horas antes de su llegada. Por último, la falta de previsión se evidenció no solo en la comunicación a los residentes de Guerrero, sino también en la infraestructura.

La reconstrucción de Acapulco requiere un enfoque que aborde las causas subyacentes de los desastres. Esto implica la regulación o reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, una evaluación precisa del peligro de fenómenos similares y la garantía de que la infraestructura futura sea resiliente. La propia Auditoría Superior de la Federación señaló que otro problema clave en la política pública de protección civil era que, al reconstruir, no se había considerado la resiliencia de la infraestructura ante este tipo de fenómenos, lo que provocó daños similares en episodios subsiguientes.

Más allá de las medidas económicas de reactivación y el apoyo gubernamental, es fundamental repensar y priorizar la prevención de futuros desastres.

Acá les dejó el enlace de un documento donde analice la política pública de protección civil en México.

Haz clic para acceder a deficiencias-en-proteccic3b3n-civil-en-mc3a9xico.pdf

Michel Sandel publicó en el 2020 el libro “La tiranía del mérito: ¿qué ha sido del bien común?” en un contexto norteamericano, pero con una critica hacia la movilidad social que pudiera aplicarse en cierta manera a ciertos contextos.

El argumento de Sandel parte de que la ética de la meritocracia ha permeado en el discurso político como un instrumento de igualdad de oportunidades; sin embargo, existe un lado oscuro o negativo, que genera ganadores y perdedores que conlleva a una desigualdad social. Retoma una afirmación de Max Weber que resumen en cierta manera la problemática central de la meritocracia, diciendo que:

«El [individuo] afortunado rara vez se contenta con el hecho de ser afortunado —explicaba Max Weber—. Por encima de ello, necesita saber que tiene derecho a su buena fortuna. Quiere estar convencido de que se la “merece” y, sobre todo, de que se la merece en comparación con otros. Desea que se le permita creer que los menos afortunados simplemente están teniendo [su] merecido.»

Y a partir de este argumento, el libro va mostrando una narrativa de la evolución de la meritocracia en el ámbito educativo y laboral en un contexto totalmente norteamericano.

Los postulados centrales adicionalmente, retoman  y critican una vieja discusión de Johns Rawls y la «la justicia distributiva – que – estipula que los afortunados deberían transferir a los desafortunados una parte (o la totalidad) de aquellas ganancias suyas debidas a la suerte»[1].

Sin embargo, aún así – señala Sandel – seguirá existiendo la desigualdad porque las motivaciones de distribuciones de ganancia en la perspectiva rawisiana es de compasión y no de entendimiento de como se llego a ese estado de necesidad[2]. En esa línea argumentativa se puede explicar el quiebre y polarización en EEUU con las élite, y el resurgimiento de liderazgos como Trump:

(…) el enfado populista contra la élite es principalmente una reacción adversa contra la creciente diversidad racial, étnica y de género. Acostumbrados a dominar la jerarquía social, los votantes varones blancos de clase trabajadora que apoyaron a Trump se sienten amenazados por la perspectiva de convertirse en una minoría en «su» país, «extranjeros en su propia tierra». Tienen la sensación de que ellos son más víctimas de discriminación que las mujeres o las minorías raciales y se sienten oprimidos por las exigencias del discurso público de lo «políticamente correcto».

Ahora, retomando los dos hilos conductores de la educación y trabajo, las soluciones – o intentos de soluciones – que plantea el libro es el sorteo de puestos para ingresar a universidades, y la dignificación salarial del trabajo. Más que propuestas son esbozos de ideas que no acaban de concretarse como vías alternas a la meritocracia.

¿Qué debemos hacer para generar una igualdad de oportunidades? Buscar el bien común según el argumento del libro; pero, ¿a qué se refiere con bien común[3]? Es un asunto que no se resuelve al no definirse en un sentido amplio, y afirmando implicitamente que la sociedad es elastica respecto a este tipo de necesidades.

En conclusión, es un buen libro que pone en el centro de debate un cambio de perspectiva del mérito o el “echeleganismo” para entender que siguen las desigualdades. En término de soluciones pareciera quedarse corto.

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[1] Richard Arneson, «Rawls, Responsibility, and Distributive Justice», en Marc Fleurbaey, Maurice Salles y John Weymark, eds., Justice, Political Liberalism, and Utilitarianism. Themes from Harsanyi and Rawls , Cambridge (Inglaterra), Cambridge University Press, 2008, p. 80.

[2] En el mismo libro se desarrolla la idea del liberalismo y sus alcances frente a la meritocracia,  frente al comunitarismo que comulga el propio Sandel.

[3] Para consulta del término de bien común, consultar Baños Ardavin, Emilio “Aproximación a la noción del bien común en Tomás de Aquino”, Revista Universidad de Malaga, 2014, p. 69

Como una estrategia de posicionamiento político, es común que partidos de nueva creación busquen a personas famosas – deportistas, artistas, cantantes, y otras – con el fin de atraer votos. Esto responde a un contexto en donde los partidos políticos dejaron de ser nichos ideológicos, a convertirse en partidos atrapatodo; pueden estar a favor de libre mercado y a la vez impulsar intervencionismo estatal. Lo que importan son los votos.

No es nuevo tampoco que artistas compitan por puestos de elección popular o directamente gubernamentales: Octavio Paz participó durante seis años como embajador de México en la India; Amado Nervo tuvo una carrera en el Servicio Exterior Mexicano; o incluso, Jaime Sabines fue diputado federal en dos ocasiones: la primera por Chiapas de 1976 a 1979, y por la Ciudad de México en 1998, y lo llevó a escribir un pequeño poema sobre su paso en la política:

Estoy metido en la política otra vez.

Sé que no sirvo para nada, pero me utilizan

y me exhiben.

“Poeta, de la familia mariposa-circense,

atravesado por un alfiler, vitrina 5”

(Voy, con ustedes, a verme.)

El problema no es decadencia política. Esa ya la tenemos desde siempre. El problema ahora es que un lugar de artistas, escogen hartistas con H.

Según el Monitor de Sequía de CONAGUA (2021) en México el 84% del territorio tiene una sequía severa a extrema. Esto es ocasionado por un fenómeno que cada diez años aproximadamente sucede por disminución de las precipitaciones anuales [1].

Elaborado por CONAGUA (2021)

El agua es un bien escaso que es administrado por el Estado, que tiene diversas responsabilidades según el nivel de gobierno, pero según el artículo 115 Constitucional, le corresponde a los municipios administrar el servicio de agua potable. Esta facultad a veces es ejecutada de manera Estatal, intermunicipal o concesionada a privados para que provean del servicio. En esta administración del recurso, hay una pérdida estimada del 40% del agua según propios datos de CONAGUA (2007). Lo poco que hay se administra mal, lo que provoca que poco a poco se vayan previendo cortes del suministro por tiempos u horarios, afectando la vida diaria de todos los usuarios.

Pero, ¿por qué hay una mala eficiencia en la administración del agua? ¿cómo podemos prevenir esto?  El Dr. Alejandro Salazar (2016) señala que la problemática principal es la baja inversión que hay en la infraestructura de la red de agua potable y alcantarillado; esto, es provocado por cuatro factores que afectan el desempeño de los Organismos Operadores de Agua (OOA).

En primer lugar, el clientelismo se presenta cuando hay un intercambio de favores en mutuo beneficio, en donde es muy común que se proporcionen descuentos, condonaciones de pago u otro apoyo similar con el fin de recibir apoyos políticos (Brinkerhoff y Goldsmith, 2002).

En cuanto al patrimonialismo, Salazar Adams (2016) retoma  a Max Weber quien acuñó el término “patrimonialismo” para describir situaciones en donde el personal administrativo de un organismo es nombrado por un líder máximo y responde sólo a este. En ese sentido, los OOA son utilizados para premiar lealtad política o apoyos en campañas. Por lo que generalmente los puestos de toma de decisiones, se dan a personas que no tiene la experiencia necesaria para el puesto. Esto se ve reflejado en la propia operación, al contar con políticas públicas – sí pudieran llamarse así – improvisadas y torpes.

En México se han impulsado leyes que pongan un estandar mínimo para los puestos directivos en cuanto a experiencia; en algunos casos como en Jalisco o Nuevo León, se piden por lo menos cinco años de experiencia en temas de agua.

En tercer lugar, el oportunismo gubernamental se da en mantener cobros de tarifas bajas (Savedoff y Spiller, 1999) con el fin de generar simpatías a favor de determinado liderazgo político. Esto, señala Salazar Adams:

 “… impiden que el OOA cuente con los recursos necesarios para el mantenimiento y expansión de la red. Otra forma en que se manifiesta este comportamiento oportunista simplemente no cobrar por el servicio o condonar los adeudos, lo cual tiene el mismo efecto que mantener las tarifas bajas, pues genera simpatía hacia los líderes políticos a costa del desempeño del OOA.”

Al analizar el costo del precio del metro cúbico de agua en los distintos OOA, encontramos este caso. En el 2013 ciudades como Tepic, el precio de venta era la mitad de lo que costaba producirse.

Por último, la corrupción es otro factor que esta implicito en toda la administración pública, y esto también se ve reflejado en la baja calidad de materiales que se usa en la infraestructura de la red, al otorgar contratos con un sobrecosto, o a empresas que no tiene la capacidad ténica.

Se requiere mejorar las capacidades institucionales de los OOA para que poco a poco vaya mejorarando la eficiencia en la prestación de servicios; esto, teniendo un personal calificado en la toma de decisiones, capaces de no politizar o hacer uso clientelar de los OOA. Y en la medida que se mejoren las tarifas y la eficiencia, podrá tenerse el recurso suficiente para generar grandes inversiones en la infraestructura.

Bibliografia

Salazar Adams, Jesús Alejandro. (Coordinador). 2016. Fugas de agua y dinero. Factores políticos- institucionales que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua potable en México. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Brinkerhoff, Derick W. y Goldsmith, Arthur A. (2002) Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: an Overview and Framework for Assessment and Programming. U.S. Agency for International Development Office of Democracy and Governance. 

Savedoff y Spiller (1999) “Government Opportunism and the Provision of Water” en Savedoff y Spiller (eds.) Spilled Water: Institutional Commitment in the Provision of Water Services. 

Fuentes adicionales

Monitoreo de sequía en México  https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico

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[1] En el 2011 hubo sequías extremas con en el caso de Chihuahua que llevo a declararse emergencia sanitaria.

Siempre que suceden accidentes que pudieron prevenirse dentro de la competencia gubernamental, es natural que surjan preguntas sobre quien o quienes son los responsables. Tras lo sucedido con el derrumbe de una de las infraestructuras del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, debe comenzarse a revisar sí existe la negligencia humana detrás de esta desgracia que ha costado la vida de decenas de personas.

Primero, hay que contextualizar que la Ciudad de México cuenta con un Servicio de Transportes Eléctricos, una Red de Transporte de Pasajeros, Metrobus y el propio Metro. Presupuestalmente se añaden dos fondos adicionales enfocados al Financiamiento del Transporte Público, y otro Fondo Público de Atención al Ciclística y al Peatón. El monto anual destinado al Metro corresponde en promedio al 70% del total de presupuesto de transporte.

Lo anterior en números reales son aproximadamente más de $15 mil mdp anuales. Sin embargo, el presupuesto del 2019 al 2021 ha tenido una disminución – en comparación con el 2018 – del 15%. El presupuesto de egresos del 2021 contempla casi el mismo presupuesto que se destino en 2015.

Tabla 1. Presupuesto destinado al Sistema Colectivo de Transporte Metro del 2015 al 2021

Año	Presupuesto
2015	15.06
2016	15.84
2017	16.47
2018	17.54
2019	15.6
2020	15.6
2021	15.08

En un desglose detallado del presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructura de la red del Metro, se obtuvo en el 2018 un presupuesto arriba de $1.3 mil mdp; sin embargo, en 2019 se recortó el presupuesto en un 60%.[1]

Fuente: Elaborado por Christian Cruz con información de los Planes Operativos Anuales de la Ciudad de México.

Desde el punto de vista financiero hay una disminución importante que, puede explicarse si ya los trabajos de ampliación de la red disminuyeron, pero en caso contrario, la política de recorte repercutió en la calidad de la infraestructura.

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[1] En los Planes Operativos Anuales del 2019 al 2021, no hay un gasto de inversión en infraestructura. Pareciera ser que prespuestalmente se unieron el gasto de infraestructura con el propio gasto de mantenimiento de la operación, por lo que no puede establecerse con claridad los montos invertidos.

Anexos

Fuente: Elaborado por Christian Cruz con información de los Planes Operativos Anuales de la Ciudad de México.

Desde la ciencia política se han analizado los determinantes del voto, es decir, aquellos factores que influyen en la decisión de las personas en elecciones gubernamentales. Se pueden clasificar la mayoría en cuatro enfoques: el racional, el psicologico, el sociológico y el que se determina por la ubicación (variables geograficas)

Enfoque racional

El modelo racional fue expuesto por Downs en 1957, con un enfoque económico para el análisis de las decisiones electorales, en donde existe un demandante del voto (partidos políticos) y quienes hagan una oferta del mismo (ciudadanos). En este enfoque es el ciudadano quien a partir de disponer de toda la información y tomar una decisión racional. La propia ciencia política y la economía, ha cuestionado bastante este enfoque, pues parece ser que nuestras decisiones no son lo suficiente racionales (Richard Thaler, 2015)

• Enfoque psicologico

¿Por qué la gente vota como vota? Esta pregunta puede ser respondida desde este enfoque.  Según Váldez y Huerta (2011) puede existir un voto por inercia en donde las decisiones se toman porque anteriormente ya se había votado por determinado partido político. Hay votos motivados por la ira (voto de castigo); otro voto por consigna que generalmente es impuesto por pertenecer a sindicatos u organizaciones.

También mencionan el voto del hambre en donde se utilizan las necesidades del electorado. El voto de miedo es utilizado creando incertidumbre. También esta el voto que se da cuando se conoce la tendencia de que determinado partido o candidato ganará (bandwagon).

El voto ideologico corresponde a la identificación con la forma de hacer política de cada candidato o partido, y este, es comunmente conocido como voto duro, pues no importa lo que suceda en campañas, muy dificilmente se cambia de parecer.

• Enfoque sociologico

Este enfoque plantea que “[…] el comportamiento de los electores deviene de la construcción social, es decir, los individuos toman decisiones en función de las presiones y condiciones sociales en las que viven: clase, ocupación, pertenencia a grupos de referencia (familia, trabajo, religión) y estatus económico” (Kuschick 2004)

Esta corriente es identificada mucho con el propio clientelismo político.

• Enfoque de variables geograficas

Esto puede ser analizado desde perspectivas diversas como el conductismo, en donde nos vemos influídos por los demás. En este caso puede ser por vecinos,  la propia estrategia de tierra de los partidos.

El análisis de los factores que influyen en el votante es multiespacial, ya que uno de estos no puede explicar todo. Sin embargo, puede tener mayor peso en la decisión.  En ese sentido, en las próximas elecciones en México se debe tomar en cuenta el posible crecimiento del voto conservador. Lo explico.

EL VOTO CRISTIANO EN EEEUU

Los creyentes cristianos han sido determinantes en EEUU para la elección de puestos públicos. En el 2019 el 88% de los congresistas se identificaba como cristiano. En la propia historia de Norteamérica, solo dos presidentes – Thomas Jefferson y Abraham Lincoln- no se han identificado con alguna religión formal.

En un estudio que hace Peaw Research Center(2019), la mitad de los estadounidenses cree que la Biblia debería influir en el marco legal de dicha nación, pero 6 de cada 10 dicen que la Iglesia o centros de culto, debería mantenerse al margen de la política. Lo anterior, siguiendo una línea de pensamiento moderno de la separación de Iglesia y Estado.

Con este contexto, se puede analizar una línea ideologica que tiene peso para la elección de representantes. Pero, ¿en México existe la posibilidad de que las personas con una religión distinta a la católica influyan en las elecciones? Según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México hay mas de 16 millones de creyentes de una religión distinta a la católica; esto, es un aumento de más de 50% respecto al 2010.  Esta población representa el 12% de la población total.

Sin embargo, en el recorrido histórico de las elecciones democráticas de México, el espectro ideologico no parece tener un contrapeso.  Se viene de la hegemonia de un partido único, en donde el clientelismo político es la base para que exista una transición lenta.  En 2018 se pudo obsevar el voto de ira contra estos partidos, y que independientemente de candidatos o propuestas, el partido MORENA se benefició.

VOTO DE IRA AL VOTO IDEOLOGICO

En la agenda de políticas públicas y de iniciativas de ley, tanto a nivel local como federal, han surgido temas como la despenalización del aborto, legalización de uso lúdico de la marihuana y otros temas que no se identifican con la mayoría. Estos temas han sido propuestos por el partido MORENA en su mayoría.

Pudiera ser esto un factor para que la población que se identifica como creyentes – en el entendido que ideologicamente son conservadores – puedan marcar un contrapeso desde el punto de vista ideologico, y mover su voto hacia partidos con una agenda de derecha[1].

Si bien los temas de la agenda pública pueden tener muchas aristas de análisis, y sobre eso, puede existir diferencias entre estos grupos, podrían posicionarse los debates que pongan desliguen las intenciones de voto por los partidos que lo empujan legislativamente.

Hasta el momento ningún partido de oposición ha trabajado el voto ideologico con estos sectores. Sí logran posicionarlo, pudiera redituar la movilización de votos de este sector.

FUENTES:

Downs Anthony. 1973. Teoría económica de la democracia. Aguilar.

Valdez Zepeda, Andrés y Delia A. Huerta Franco. 2011. ¿Qué mueve a los votantes? un análisis de las razones y sin razones del comportamiento político del elector. Razón y Palabra.

Thaler Richard. 2015. Todo lo que he aprendido con la psiciología económica. Editorial Deusto.

Peaw Research Center. 2019.  Consultado en línea en abril del 2021 en https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/16/8-facts-about-religion-and-government-in-the-united-states/

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[1] Los debates de espectros ideológicos parecen estar superados, pero por temas prácticos lo clasifico de esta manera como diferenciación de agendas de políticas públicas.

En experimento de psicologia social realizado en 1969 por Philip Zimpardo, profesor de la Universidad de Stanford, se dejaron dos autos abandonados en la calle, en dos zonas distintas: la primera en el Bronx, una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y la otra en Palo Alto, una de las áreas más ricas y seguras de California.  Estos autos eran identicos. El que fue dejado en Bronx fue desmantaldo casi de inmediato, mientras que el de Palo Alto no tuvo ningún daño durante una semana.

Al finalizar la semana, los investigadores rompieron los vidrios del auto de Palo Alto, y fue entonces que vandalizaron y robaron todas las partes del auto, al igual que había sucedido en el Bronx.

En experimentos posteriores James Q. Wilson y George Kelling (1982) desarrollaron la ‘teoría de las ventanas rotas’, en donde se concluye que zonas donde desorden y abandono, hay mayor probabilidad que existan altos indices de violencia. Esto forma parte de la teoría del desorden social y teorías ecológicas de la criminología.

EL NORPONIENTE DE HERMOSILLO

Como parte de esta teoría,  al identificar viviendas deshabitadas, se puede encontrar que hay mayor indice de delincuencia.  En el norte de Hermosillo – Blvd Lázaro Cárdenas hacia el norte, y del Blvd Solidaridad hacia el poniente – se concentra el 15% de llamadas al 911 reportando robos a casa habitación del 2015 al 2021; así como el 10% de reportes de violencia intrafamiliar[1].

Colonias como Tierra Nueva tienen el doble de reporte de robo de vivienda que el promedio de reportes totales; y es de los sectores con mayor porcentaje de vivienda deshabitada.

Acciones:

1. Debido a que gran parte de las zonas donde hay mayor vivienda deshabitada en México, son zonas con carencias de infraestructura en los servicios públicos. Se requiere emplear políticas públicas dentro del ámbito de competencia municipal que mejoren las condiciones de acceso a agua, drenaje, luz, y vías de comunicación.
2. En el ámbito de competencia federal, le corresponde a INFONAVIT y otras entidades hipotecarias, la disputa legal por el incumplimiento del pago de hipotecas de esas viviendas. La barrera legal es el principal problema.

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[1] Datos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia

Wilson, James y George kelling, 1982, “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”, Atlantic Monthly, vol. 249, núm. 3, pp. 29-39.