Archivo de la categoría: Derechos Humanos

El escenario que ha traído el COVID19 ha generado una parálisis económica y social en el mundo en dimensiones que no hubiésemos imaginado. Ante esta incertidumbre los gobiernos locales han respondido de distintas maneras con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos; pero, en el caso mexicano, surgió de nuevo el debate del federalismo.

Antes de que el Gobierno Federal emitiera la declaratoria de emergencia, algunas entidades ya habían hecho lo suyo, como es el caso de Sonora. Pero, ¿quién es la autoridad responsable para dictar políticas públicas de salud y, además, restringir derechos humanos como lo es el de tránsito[1], de reunión, o de la libertad de trabajo?

Para iniciar, la regulación de la salud pública en México compete a la Secretaría de Salud – gobierno federal – pero, en coordinación de las entidades federativas hay una concurrencia de competencias o concertación de acciones que el artículo 11 de la Ley General de Salud desglosa a partir de la creación del Sistema Nacional de Salud. Pero es a través de el Consejo de Salubridad General (CSG) que se dictan políticas publicas en esta materia.

Para explicar esta concurrencia de facultades, Gonzalo Tagle y Martin Vicanco, hacen un desglose a partir de la LGS, en donde identifican tres figuras distintas.

En primer lugar, tanto federación como los estados pueden realizar actividades de vigilancia epidemiológica para prevención y control de “enfermedades transmisibles” (artículos 134 y ss.). Por otro lado, se encuentran las “medidas de seguridad sanitaria”, que consisten en decretar el aislamiento, cuarentena, vacunación forzosa, entre otras (artículo 402 y ss.); y que son de igual forma concurrentes. Además de estas medidas, se encuentra el régimen de “acción extraordinaria en materia de salubridad general”. Esta acción, según la propia LGS (artículo 13), es competencia exclusiva del ejecutivo federal, por conducto de la secretaría de salud.

Ellos identifican que en el inciso V del artículo 13 esta la facultad de la federación para emitir políticas públicas y las restriccciones de derechos, así como sanciones con el fin de priorizar la salud en los ciudadanos. Esta acción extraordinaria que se da a través de decretos, pero también, tiene la facultad de promover, orientar y fomentar las acciones en materia de salubridad general [2] coordinando a los gobiernos de las entidades federativas en este sentido.

La facultd del CSG de ejecutar acciones extraordinarias tiene mucha vaguedad al respecto, al no definirse en la ley o los reglamentos que la rigen, cuales son esos escenarios en que puede ejercer dicha función. Ante esta poca claridad, los entidades federativas han emitido sus respectivos decretos y las sanciones correspondientes a los ciudadanos, como se comento anteriormente.

Es ahí donde nos encontramos en un choque de competencias que para entender de fondo la intencionalidad de la regulación del CGS, el 19 de enero de 1917, durante la 50ª sesión ordinaria del congreso constituyente, el diputado José María Rodríguez y Rodríguez presentó la iniciativa para adicionar la fracción XVI del artículo 73[3].

[S]i la autoridad sanitaria no tiene un dominio general sobre la salubridad de la República en todo el país, para dictar sus disposiciones y ponerlas en vigor, éstas dejarán de ser efectivas en un momento dado para evitar las consecuencias de contagios o invasión de enfermedades epidémicas de Estado a Estado o internacionales, es indispensable que estas disposiciones emanadas del departamento de salubridad tengan el carácter de generales para evitar estas consecuencias… [con] pérdidas enormes de vidas y capitales, como sucedió, por ejemplo, con la epidemia de peste bubónica en Mazatlán y la epidemia de fiebre amarilla en Monterrey…”

Es entonces, que en las facultades 1a, 2a,  y 3a del inciso XVI del artículo 73 Constitucional, se establece la rectoria del CSG y de la Secretaría de Salud para atender estos casos extraordinarios,  y a dictar medidas preventivas indispensables ante estos escenarios. Es entonces que bajo esta intepretación sistematica, es competencia federal el dictar medidas y establecer sanciones en estos casos extraordinarios.

Sin embargo, algunos estados también han regulado las restricciones a traves de bandos municipales para restringir el tránsito, que ante una intepretación pro persona, son totalmente invalidos; o también, pudiera darse la participación sancionadora de las entidades federativas por medio de leyes y reglamentos que de protección civil.

Por último es necesario acotar que en este escenario de medidas y restricciones, estan las que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita; las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publique respecto a los derechos sociales de los trabajadores; y todas aquellas dependencias – federales y locales – establezcan para regular la reactivacion social, laboral y economica del pais.

Hacia una coherencia entre politicas publicas

Las politicas publicas llevadas acabo no tienen una coherencia entre los espacios (policy domains) de los diversos actores, pues como lo señala Guillermo Cejudo (2015)[4], “para que una política contribuya, refuerce o mejore el desempeño de otra, se requiere que ambas políticas sean coherente”. En ese sentido, debe velarse porque aquellas politicas publicas que se han emitido respecto al COVID19 se relacionen para que pueda cumplirse el objetivo dentro del espacio y competencia de cada uno de los actores, es decir, que se establezca cuales son los objetivos y facultades del Gobierno Federal, del Estatal y Municipal, así como de las dependencias que vigilan cada una de las áreas economicas y sociales del pais.

El reto es buscar esta coherencia entre espacios, facultades y objetivos de cada política publica en medio de la pandemia.

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[1] ? En los casos de Jalisco, Yucatán, Sonora y otros estados, se prevén sanciones económicas para quienes transiten por las ciudades o carreteras sin justificación. Ver Periodico Oficial del Estado de Jalisco el acuerdo  DIELAG ACU 026/2020, de fecha 19 de abril de 2020; Ver Boletín Oficial del Estado de Sonora el Decreto Publicado el 25 de marzo de 2020 http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/decretos/1690–977/file.html

[2] Ver inciso IV del artículo 13 de la Ley General de Salud, consultada el 21 de mayo de 2020

[3] Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 21-11-1916 al 31-01-1917. (s.f.). Consultado 21 de mayo 2020.

[4] Cejudo, Guillermo (2020) “Coherencia y políticas publicas: metas, instrumentos y poblaciones objetivos” publicado en Gestión y Política Pública. Consultado el 21 de mayo de 2020 http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v25n1/v25n1a1.pdf

Los Derechos Humanos Emergentes (DHE) forman parte de una vertiente del debate del Derecho Constitucional en el que no se ha logrado un consenso sobre su validez y alcance dentro del derecho positivo. Sin embargo, tras la crisis de urbanidad existente, se posiciona como marco de referencia para la elaboración de políticas públicas transversales.

Ante esta situación, este trabajo tiene como objetivo hacer una análisis jurídico y descriptivo del derecho a la ciudad, como marco de referencia para una coherencia de las políticas públicas.

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La Auditoria Superior de la Federación en un reciente análisis a las políticas públicas de protección civil en el periodo de 2000 a 2014, concluyó que hay grandes deficiencias en la intervención del Estado en los desastres naturales, ya que prevalece un enfoque de salir del paso y no prevenir futuros desastres en las zonas en que realiza su intervención. Lo anterior significa, en el menor de los casos, cuantiosas pérdidas económicas y, en una maximización de consecuencias, las pérdidas de vidas humanas.

El presente ensayo busca replantear las alternativas de solución en la intervención del Estado en materia de protección civil a partir de un aprendizaje histórico — que servirá como referencia — observado en el informe de la Auditoria Superior de la Federación. ¿Cuál (es) deben ser los cambios dentro de las políticas públicas de protección civil en componentes de previsión, prevención, recuperación y reducción de vulnerabilidad?

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¿Los animales tienen derechos? Esta es una pregunta que ha sido debatida por grandes filósofos. Los argumentos dados por cada uno de ellos son extensos y merecen ser analizados y apreciados en su justa dimensión; sin embargo, se mencionará  de manera breve cada una de esas posturas que permitan dar luz respecto a los debates centrales del tópico en cuestión.

Una de las posturas filosóficas que sostienen que no tienen derechos los animales, es la impulsada por autores como  Malebranche, Shaftesbury y Bayle[1] quienes argumentan que los animales son seres ‘autómatas’. Se refieren a los animales como máquinas, y; por lo tanto, que no son capaces de sentir dolor. Es por ello que esta corriente filosófica apoya que se utilice a los animales para experimentos, y “espectáculos” como la tauromaquia.

Otras posturas en contra del reconocimientos de derechos a la especie animal argumentan que la naturaleza del poseedor de  derechos —preguntándose si, por ejemplo, el que posee derechos tiene que ser capaz de reconocerlos y reclamarlos (o cederlos); o si los derechos y obligaciones son recíprocos-, es decir, si el tener derechos comporta el tener obligaciones. Si se dan respuestas negativas a estas preguntas, cabe concluir que, puesto que los animales no son capaces de reconocer que tiene derechos o tienen obligaciones, no se les puede atribuir derechos. Sobre este punto algunos han optado por decir que los animales, que no razonan en la medida que lo hace el ser humano, puede protegérseles distinguiendo derechos morales y no derechos legales; otros dicen que aunque no tienen derechos intrínsecos, si se les puede otorgar derechos.[2]

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[1] Véase en Ferrater Mora, José, ¿Tienen derechos los animales?, Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía, España, página 61, consulta electrónica en: http://elbuho.aafi.es/buho7/animales.pdf

[2]Ibídem